Una mirada desde los incentivos y las políticas públicas

Desde los inicios del cine en Colombia, el Estado se ha desempeñado como el principal promotor y apoyo para los realizadores nacionales y se ha encargado de guiar el camino para la construcción de una industria en el país.

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Para entender el papel que ha desempeñado el Estado es importante tener tomar como referencia los antecedentes de esta base estatal.  Estos se remontan a la década de 1930 con la creación de una filial cinematográfica desde el Ministerio de Educación y la posterior Ley n°9 de 1942 dedicada al fomento y protección de este sector, garantizándole un presupuesto para la inversión en proyectos colombianos. En los años 70 el Gobierno Nacional funda, por primera vez, una entidad encargada específicamente al apoyo del audiovisual llamada Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), a la vez que se estableció la Ley del Sobreprecio, que reglamentó la proyección de cortometrajes nacionales antes de la proyección de largometrajes en las salas de cine y, que fue un gran incentivo para la exhibición de producciones colombianas.

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Sin embargo, es a través de la Ley 814 del 2003 que se puede hablar de una legislación sólida, y es lo que da inició a uno de los periodos más significativos para el audiovisual en Colombia por las implicaciones que esta trajo. La también conocida Ley de Cine busca afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en Colombia. Según el informe del Ministerio de Cultura, Ley de Cine para todos: “la meta de esta ley es que la producción de películas en Colombia deje de ser una labor quijotesca de unos pocos soñadores empedernidos y se convierta gradualmente en una industria no solo rentable sino sostenible”.

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Bajo esta Ley de Cine que se crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), que funciona como un fondo parafiscal que se financia a partir de los impuestos generados a los exhibidores, productores y distribuidores y de un porcentaje del dinero recaudado en las taquillas de cine del país. Todos estos recursos vuelven a la industria a través de los estímulos que se entregan anualmente a los realizadores para financiar sus proyectos en diferentes categorías como: animación, circulación, investigación, ficción, documental, entre otras. Convirtiéndose así esta entidad, en una de las principales financiadoras de las producciones nacionales y la mayor aspiración para los realizadores colombianos.

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¿En el 2012 se expide la ley 1556 -también llamada Ley de Cine II- la cual fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas. Esta ley por el contrario de la Ley 814, buscaba más que el apoyo a la producción local, una manera de captar recursos extranjeros y posibilitar las relaciones entre la industria local e internacional. Esta ley según el articulo de Jerónimo Rivera, “¿Va el cine colombiano hacia su madurez?” hizo dividir al sector del audiovisual entre quienes la consideraban una gran oportunidad para la producción colombiana y entre quienes, por otro lado, quienes relacionaban su aprobación con el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos y veían un favorecimiento para los productores extranjeros y un detrimento para la producción nacional.

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Pero a pesar de las distintas posiciones que se puedan tomar referente a la legislación y al papel del Estado como gestor de la producción audiovisual, es indudable la contribución que esta ha traído a la industria en el país. Según un artículo del Ministerio de Cultura, gracias a la Ley 814, el cine colombiano pasó de estrenar nueve producciones en el 2004, a contar con 36 estrenos nacionales en el 2015, una cifra récord para la historia del cine colombiano. Además de haber entregado bajo 738 de estímulos del FDC, más de 312.500 millones de pesos y haber apoyado la producción de más de 199 películas, que llegaron a más de 28 millones de espectadores, solo hasta el año 2015.

El abrazo de la Serpiente, la película de Ciro Guerra, que ganó un Cannes en el 2015 y estuvo nominada a los Premios de la Academia, es una gran muestra del alcance que han tenido estos estímulos para posicionar a Colombia en la industria cinematográfica mundial. Esta cinta contó con 1.300 millones de pesos en estímulos tributarios para su financiación, y con 1.031 millones de pesos del FDC en el 2011, además de haber sido beneficiara del programa Ibermedia, del Ministerio de Cultura, por lo que obtuvo 110.000 dólares.

Para Mardeley Ceballos, comunicadora social y gestora cultural: “Las oportunidades desde el Estado son claras. En Colombia, desde las leyes de cine se ha creado un panorama esperanzador para el audiovisual, que era impensable unas décadas atrás y que cada vez va fortaleciendo más la industria”. Estas oportunidades desde el Estado, también han propiciado la creación de otros estímulos importantes como lo son el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, que entrega más de 50 incentivos a proyectos documentales.

Toda esta legislación nacional, ha generado que desde lo local también se generen estímulos propios para fomentar la realización cinematográfica en todas las regiones del país. Un caso importante para resaltar es el de Medellín, que además de tener una gran oferta de estímulos desde la Alcaldía, es la ciudad del país de la que más surgen proyectos y realizadores.

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El papel de la Cinemateca Municipal de Medellín, del cual Ceballos es la coordinadora, que nació bajo decreto municipal en el 2017, ha sido muy valioso para el crecimiento de esta industria en la ciudad, pues más que de financiamiento cumple una labor de acompañamiento, formación para los realizadores locales que buscan acceder a los estímulos y realizar sus proyectos. De aquí han surgido proyectos como Los Nadie, Matar a Jesús y Eso que llaman amor, en los que además apoyan a realizadores comprando derechos de autor para la exhibición de sus obras.

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Para Juliana Zuluaga, realizadora y productora audiovisual, Medellín es la ciudad que más oportunidades tiene, porque además del Fondo Nacional que opera a nivel de Colombia, a nivel local están las convocatorias de la Secretaría de Cultura que incluso dan más dinero que las de Ideartes, que son las de Bogotá. Además de que la Comisión Fílmica de la ciudad, es la única del país que entrega incentivos en dinero, pues por lo general estas están encargadas netamente del acompañamiento en los procesos y no entregan recursos. Entre otros estímulos para el financiamiento en la ciudad de Medellín.

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Desde la experiencia de Zuluaga en su productora Crisálida Films, los estímulos públicos han sido la principal manera de financiamiento de todos sus proyectos y han logrado subsistir y ganarse un nombre en el audiovisual del país a través de estas convocatorias. Pues según esta realizadora, los estímulos privados son muy escasos y difíciles de conseguir, por lo que siempre optan por aplicar a las convocatorias públicas que, aunque son varias, son muy competitivas y en ocasiones pueden ser de suerte, pues es posible que un solo proyecto tarde cinco años para conseguir financiación y es muy complejo hacerlo pues el costo promedio de un largometraje de bajo presupuesto ronda entre los 1.500 millones de pesos.

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 Según Zuluaga a pesar de que admite la ayuda que ha traído a la industria los incentivos estatales cree que estos no son suficientes pues, aunque son de mucha ayuda, los apoyos desde lo público no son suficientes para una industria que continuamente crece y que cada vez demanda más recursos. De igual manera, Ceballos resalta el papel de las políticas públicas para la industria cinematográfica, pero resalta la necesidad de que estas se complementen con otros aspectos como la formación y el conocimiento de estos estímulos para que puedan llegar a más personas y puedan volver realidad el sueño de hacer cine en Colombia.